El Aborto Legal en España: Más de 35 Años de Historia

Aunque el derecho al aborto se legalizó por primera vez en España en el año 1985, esta ley se aprobó bajo una serie de supuestos o justificaciones que permitían a la mujer acceder a este derecho, pero no de forma libre y voluntaria.

El alcance de la ley que regula el aborto en España fue ampliado y modificado en 2010 por el último gobierno socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo, 3 años después intentan derogarla sin mucho éxito.

Veamos cuál ha sido la historia del aborto legal en España hasta nuestros días.

¿Cómo y cuándo se despenalizó el derecho a abortar en España?

No había ninguna ley sobre el aborto legal en España hasta 1985, cuando finalmente fue aprobada en los primeros años de la nueva democracia, pero con limitaciones.

Cataluña fue la única excepción debido al decreto durante la guerra civil (1936-1939), que permitía el aborto por motivos de salud de la mujer, cuando el embarazo no era deseado o en casos de anomalía fetal.

Sin embargo, la implementación de este decreto fue muy limitada debido a los disturbios de aquellos tiempos difíciles en la región.

Antes de la despenalización de la interrupción del embarazo

El movimiento feminista ha trabajado por la despenalización del aborto desde la década de 1970, por lo que, antes de 1985, el aborto estaba prohibido en España bajo ninguna circunstancia.

De hecho, cuando se estaba preparando la Constitución democrática española (1977-1978), el aborto, junto con otros temas como la educación y el divorcio, fue la causa de profundas divisiones entre partidos políticos de derecha y de izquierda.

Por lo tanto, se evitó caer en mayores conflictos, cuando las partes acordaron no mencionar el aborto en la Constitución en absoluto.

Aborto Legal en España

Mujeres españolas recurren al aborto en el extranjero

De 1974 a 1985, unas 240.000 mujeres españolas interrumpieron sus embarazos en el Reino Unido y los Países Bajos, donde sí existía una legislación a favor del aborto voluntario.

Claramente, esto era posible para las mujeres con recursos suficientes para hacerlo, mientras que otras debían recurrir al aborto clandestino.

En cambio, después de la aprobación de la ley en 1985, de 1986 a 1995 solo 34.895 mujeres españolas tuvieron abortos en otros países, mientras que 340.214 pudieron abortar en España.

Comienza la lucha por la despenalización del aborto

Si bien los movimientos feministas nunca dejaron de luchar y manifestarse en las calles, la ley que regulaba el derecho al aborto en España llegó a mediados de los años 80. 

Eso fue cuando los intensos movimientos feministas lograron forzar al gobierno socialista de Felipe González a despenalizar la interrupción del embarazo.

Sin embargo, esta ley solo era posible en determinadas circunstancias, o contemplado en “tres supuestos”:

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En caso de violación

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Malformación del feto

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Y en caso de riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada

En el caso de malformación del feto, la ley establecía que la madre podía decidir interrumpir el embarazo después del diagnóstico médico de una discapacidad o enfermedad extremadamente grave del bebé, más allá de la semana 22, y solo en casos específicos.

Cada caso sería evaluado por un comité clínico formado por al menos 3 especialistas en medicina materna fetal o pediatría.

Así pues, durante 25 años la ley del aborto legal en España no sufrió ninguna alteración, incluso cuando todavía recibía ataques de sus principales retractores: las instituciones católicas y los partidos políticos de derecha.

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Ley Aborto Legal España

2010: se aprueba la ley del aborto legal en España sin limitaciones

La batalla que exigía la aprobación de la ley fue bastante larga y muy dura para muchas mujeres, a pesar de que, en la mayoría de los países europeos, como en el Reino Unido, el aborto legal era un derecho aprobado por sus gobiernos.

En España, esta batalla se libraba prominentemente contra los partidos de derecha y las instituciones católicas.

Los movimientos feministas siguen en pie de lucha, hasta que finalmente entra en vigor la “Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo” en el año 2010, bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así pues, se anula la ley del aborto en sus supuestos (violación, malformación o estado grave de salud de la madre), y se aprueba una ley progresista de plazos:

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De forma voluntaria y sin justificación hasta las 14 semanas de gestación.

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Y en caso de riesgo grave para la salud o la vida de la madre o del feto hasta las 22 semanas.

Sin embargo, para las adolescentes menores de 15 años, la ley se mantiene restrictiva y exige la aprobación de los padres.

Con la aprobación del aborto legal del 2010, se ofrece una mayor seguridad sanitaria para las mujeres, al mismo tiempo que se respeta su voluntad de elección hasta las 14 semanas de gestación.

Se realiza el primer intento de reforma

En el año 2013, el exministro de Justicia del Partido Popular Alberto Ruiz Gallardón, intenta derogar la ley del aborto, pero fracasa en su intento ante la presión ejercida por las protestas y los movimientos en las calles.

Sin embargo, sí logró hacerla más restrictiva en el año 2015, eliminando la posibilidad de elección en las jóvenes entre 16 y 17 años, por lo que ahora, debían contar con la aprobación de sus padres.

Esta modificación supuso un retroceso de la ley, si bien los jóvenes mayores a los 16 años podían ir a los hospitales y centros de salud sin el consentimiento de los padres, y con la garantía de su confidencialidad.

Hasta el año 2013, se realizaron más de 120.000 abortos cada año en España, la media más alta de Europa.

Sin embargo, según un sondeo del periódico El País, la mayoría de la población estaba en contra de la reforma impulsada por Rajoy.

De hecho, el primero intento por derogar la ley del aborto libre viene por parte del entonces candidato a la presidencia Mariano Rajoy en 2011, sin embargo, no se atrevió a cumplir con una de sus grandes promesas electorales por las intensas manifestaciones.

Ley Aborto Legal en España

2023: Reforma de la Ley del aborto

En 2023, los cambios políticos y sociales llevaron a una actualización de la ley de aborto.

De hecho, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo de 2010 fue actualizada por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero.

Los principales cambios son:

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EDAD PARA ABORTAR

Cualquier mujer podrá interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años.

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NO MÁS DÍAS DE REFLEXIÓN

Ya no son necesarios los 3 días de reflexión para realizar un aborto. 

El aborto legal en España en la actualidad

En España, el aborto es libre y voluntario para cada persona que lo solicite, siempre y cuando sea mayor de 16 años.

Además, la ley refuerza el apoyo del sistema público de salud para garantizar un aborto gratuito para todas.

Es importante destacar que cada comunidad autónoma en España aplica la legislación sobre el aborto según su propio criterio, lo que resulta en diferencias significativas en la prestación de estos servicios en cada región.

Por ejemplo, en Cataluña, se ha establecido un modelo público gestionado por los Centros de Atención Primaria (CAP) de cada área asistencial.

En este modelo, se prioriza el aborto farmacológico y en caso de que la paciente requiera el método quirúrgico, se la deriva a una de las clínicas privadas, donde el procedimiento se realiza de manera gratuita.

Además, para las mujeres que no puedan acceder al sistema público, existe la opción de acudir a centros privados; actualmente, hay 9 de estos centros distribuidos por toda Cataluña.

Mejoras Pendientes en el Acceso al Aborto

En nuestra opinión, los temas que podrían mejorar a fecha actual son:

1. La priorización actual del método farmacológico sobre el instrumental

Hoy en día, se prioriza el método farmacológico sobre el instrumental, a pesar de que existen referencias y estudios que señalan que el método instrumental es preferido por 80% de las pacientes.

La principal razón de esta preferencia es el costo. De hecho, el método farmacológico no solo es más sencillo y económico de aplicar, sino que también elimina la necesidad de contar con equipos especializados y médicos expertos requeridos para el método instrumental.

Sin embargo, la normativa legal establece la obligación de ofrecer ambos métodos a la paciente, permitiéndole elegir el que prefiera.

2. Los tiempos de espera

En algunos caso extremos, generalmente por razones medícales en relación con la madre o el feto, es necesario tener un aborto fuera del plazo legal, es decir, más allá de las 22 semanas de gestación.

En este caso, un ‘comité clínico’ se reúne para discutir del caso y dar su asentimiento.

Lamentablemente, los tiempos de respuesta suelen tardar muchísimo tiempo, resultando en que algunas mujeres tengan que realizar el aborto fuera de España, en países como Bélgica o Inglaterra, asumiendo directamente el gasto.

3. Las campañas en contra del aborto delante de las clínicas

De vez en cuando, se organizan campañas en contra del aborto en las entradas de clínicas privadas y centros de aborto.

Esas campañas generan un impacto negativo para las pacientes, ya que las mujeres que acuden a estos lugares se encuentran, en algunos casos, con insultos y juicios morales adversos.

En otros países, se han implementado áreas de protección alrededor de los centros médicos para proteger tanto a profesionales como a pacientes, dando una solución sostenible a largo plazo.

4. La objeción de conciencia de los médicos

En España, la objeción de conciencia de los médicos del área pública respecto al aborto es un punto que impide contar con equipos médicos especializados en los principales hospitales del país.

La razón principal es que la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo no recibe un reconocimiento positivo dentro del ámbito sanitario público en España.

Esta realidad se debe a diversos factores culturales, sociales y políticos que influyen en la manera en que los profesionales de la salud y la sociedad en general perciben y abordan el tema del aborto.

Esta situación complica el acceso y la calidad de los servicios relacionados con la IVE, generando un debate continuo y complejo en torno a sus implicaciones éticas, legales y médicas en el contexto español.

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