En España, el aborto se rige por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que establece un marco legal para la realización de este servicio médico en el país.

Esta legislación permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación, y bajo ciertas condiciones hasta la semana 22 (en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y graves anomalías en el feto​​).

El sistema de salud español es descentralizado, por esa razón, las comunidades autónomas son responsables de la gestión e implementación de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) según sus políticas regionales.

Por lo tanto, las políticas sanitarias se aplican de manera diferente en cada comunidad. Por ejemplo, en el área de Barcelona, la IVE sigue las guías que la Generalitat ha marcado.

En este año 2024, en Cataluña, una mujer que quiera abortar puede acudir al sistema de salud del CatSalut para poder empezar el procedimiento, financiado por el estado, o realizarlo de manera privada en una clínica especializada privada a sus expensas.

Añadir que, en el caso de que acuda por la vía pública (CatSalut), tendrá que elegir entre los dos métodos: farmacológico o quirúrgico.

En el caso de que sea farmacológico, es decir, con pastillas, realizará el procedimiento directamente en su Centro de Atención Primaria (CAP).

Al contrario, si elige el método quirúrgico, se le derivará a un centro privado que esté concertado con la Generalitat.

Desde 2012, la Clínica Ginecológica Sants ha estado colaborando como centro concertado, ofreciendo servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de forma gratuita a mujeres derivadas por los Centros de Atención Primaria (CAPs) de la región de Cataluña mediante el método quirúrgico.

Aspectos Positivos

1. Acceso garantizado por ley

La ley asegura el derecho al aborto dentro de las primeras 22 semanas de gestación, lo que proporciona un marco legal claro y garantiza el acceso a este servicio a todas las mujeres en España.

2. Despenalización legal

La ley despenaliza el aborto siempre que se cumplan los supuestos contemplados en el marco legal, facilitando a los profesionales sanitarios una protección para realizar este procedimiento, y dando a la mujer más seguridad a la hora de abortar en España.

3. Prevención y educación

La ley también contempla aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva, promoviendo la educación, el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados​​, etc.

Esto se lleva a cabo mediante talleres en el CatSalut, ONG y colaboraciones con centros privados.

Por ejemplo, en la Clínica Ginecológica Sants colaboramos con un programa regional para colocar DIU e implantes a mujeres vulnerables.

4. Aborto gratuito

El estado destina un fondo económico para subvencionar el aborto a las mujeres que lo soliciten.

Por lo tanto, para solicitar una IVE en Barcelona, la paciente ha de iniciar un procedimiento, el cual empieza en su Centro de Atención Primaria (CAP)

Según el método elegido, será, o derivada a su CAP para realizar el aborto farmacológico o en una clínica privada para un aborto quirúrgico.

En ambos casos, el costo del servicio está asumido por la Generalitat.

Desafíos actuales

1. Variabilidad de acceso entre comunidades:

La descentralización del sistema de salud lleva a diferencias en la implementación de la ley, afectando la uniformidad del acceso al aborto en todo el territorio nacional.

En el caso de la IVE en Barcelona, el proceso para conseguir un aborto gratuito siempre ha de empezar en su CAP u hospital de referencia.

Al contrario, en otros lugares como Madrid, no hace falta un paso intermedio, y se puede gestionar directamente en las clínicas concertadas o acreditadas para el aborto si la mujer lo solicita.

Por otro lado, según un artículo de RTVE, en 2021, 4.319 mujeres de 12 provincias de España han tenido que desplazarse fuera de su lugar de residencia para poder abortar. Eso subraya una grande diferencia en el acceso al aborto según la comunidad en la cual la mujer reside.

2. Cantidad en lugar de calidad

Últimamente, la proporción de aborto gestionado por el sistema público ha aumentado notablemente, hasta un 20%, especialmente en comunidades como Cataluña o Baleares.

Este aumento se explica por la priorización del método farmacológico frente al quirúrgico por parte de las instituciones de sanidad pública.

Esta elección se explica por múltiples razones, específicamente económicas, y por facilidad de gestión y dispensación. Por ejemplo, no hace falta tener un equipo profesional ginecológico para realizarlo y tampoco espacios quirúrgicos.

Por otro lado, es generalmente complicado tener un equipo médico especializado en el aborto a disposición en los centros de salud públicos.

3. Acceso limitado en zonas rurales

En algunas áreas, especialmente rurales, puede haber una disponibilidad limitada de centros acreditados para realizar abortos, lo que dificulta el acceso para algunas mujeres​​.

4. Objeción de conciencia

Del mismo modo, la objeción de conciencia de profesionales sanitarios limita la disponibilidad de este servicio en algunos centros públicos, obligando a las mujeres a recurrir a centros privados​​.

Lamentablemente, el aborto aún se percibe negativamente en el ámbito sanitario público, quedando los profesionales del aborto en un nivel de segunda clase.

5. Protestas en contra del aborto

Durante los últimos años, se ha normalizado encontrar personas que protestan en las puertas de los centros que realizan aborto, dirigiéndose directamente a las mujeres que quieren abortar antes de entrar al centro y a los trabajadores del mismo.

A pesar de contar con una normativa nacional para gestionar este punto e intentar proteger a la mujer que aborta y a los profesionales, en el año 2024 sigue siendo un problema.

Algunas Pistas Para Mejorar

– Mejorar la distribución de servicios: Asegurar un acceso más directo a un aborto libre y gratuito, facilitando y acortando tiempos en el sistema actual.

– Libre elección del método: No imponer la elección de un método sobre otro, sino dejar la elección de ello a la mujer, siguiendo la evaluación del profesional médico especializado.

– Dar seguridad y privacidad: Garantizar que las mujeres y profesional sanitarios que realizan un aborto no sean acosados.

– Educación y prevención: Incrementar los esfuerzos en educación sexual y acceso a anticonceptivos puede ayudar a reducir el número de embarazos no deseados y, por lo tanto, la necesidad de abortos.

– Equipo sanitario: Potenciar en el sistema público y educativo el valor del profesional sanitario que se dedica al aborto. Por un lado, implementar esta opción en la cartera de servicios en los hospitales y potenciar esta opción en la carrera de medicina.

Conclusión

A pesar de los desafíos actuales, el acceso a la IVE en Barcelona muestra aspectos positivos.

La legislación garantiza el acceso al servicio dentro de las primeras 22 semanas de gestación, respaldado por políticas que promueven la salud sexual y reproductiva.

La colaboración entre el sistema público y clínicas privadas ha ampliado el acceso, eliminando barreras económicas.

Aunque persisten desafíos como la facilidad en el acceso, se están buscando soluciones para mejorar y garantizar la libre elección del método.

Con educación y prevención, se puede trabajar hacia un futuro donde el acceso la IVE en Barcelona sea equitativo y segura.